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2012

Rodrigo Tena: Estado y ciudadanos van en el mismo barco

Durante algún tiempo, al inicio de la crisis, se acudió a la ficción de alegar que el problema de España era su deuda privada, pero que las cuentas públicas estaban perfectamente saneadas y eran un modelo de rigor fiscal. El autoengaño nunca ha sido buen consejero. En realidad, uno de los efectos más perniciosos de la burbuja inmobiliaria fue esconder lo artificioso de nuestras finanzas públicas. Los bancos pedían prestado al exterior miles de millones de euros para introducirlos en el mercado inmobiliario y financiar la burbuja, pero, lógicamente, una cantidad muy importante terminaba en las arcas de las distintas administraciones, mediante pago de licencias, tasas e impuestos de todo tipo. Gran parte de ese dinero se ha tirado de manera lamentable en infraestructuras innecesarias, cuando no surrealistas, a mayor gloria de sus promotores. Pero, con mucho, el mayor disparate consistió en crear con esa financiación, como si fuera a durar para siempre, una extensísima red política y administrativa de naturaleza profundamente clientelar, que ahora resulta todavía más difícil desmontar que el aeropuerto de Castellón.

Cuando dejó de fluir el dinero de la burbuja nos encontramos con un Estado totalmente inflado, lo que ya de por sí es malo, pero además inflado a conveniencia de las élites directivas de nuestra partitocracia, lo que es mucho peor. Hoy contamos con cientos de organismos de toda forma jurídica cuya finalidad básica no es prestar un servicio público necesario, sino la conservación de la influencia política de sus promotores. Por eso, a la hora de adelgazar ese Estado que ya no podemos pagar, es comprensible que quienes deben hacerlo intenten conservar en la medida de lo posible esas estructuras que han contribuido a apuntalar su poder, aunque sea a costa de adelgazar otros sectores públicos mucho más relevantes, como la sanidad, la educación, la investigación, la dependencia, etcétera. Además, hay que tener en cuenta que técnicamente no resulta nada fácil liquidar esa compleja estructura, pues todos los mecanismos de control, vigilancia y dirección que facilitarían hacerlo han sido desmantelados, especialmente en el ámbito autonómico. Todo ello sin olvidar que el despedido que protesta hace igual de ruido, ya venga de una televisión autonómica que de un laboratorio.

Pero la consecuencia final es que, como el resultado de esta política defensiva es conservar un Estado ineficiente, la deuda pública no sólo no disminuye, sino que incluso sigue aumentando a medida que el parasitismo sobre el sector productivo se agudiza y éste continua contrayéndose.

Rodrigo Tena Arregui es notario y editor del blog ¿Hay Derecho?

  • Lea el artículo completo publicado en El Mundo (1-8-2012) aquí

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