2012
Michele Boldrin, J. Ignacio Conde-Ruiz y Juan Rubio-Ramírez: ¡Es necesario subir los ingresos públicos!
Una parte importante de nuestros problemas fiscales actuales (un déficit estructural de un tamaño sin precedentes) reside en que, de forma inexplicable, nuestros dirigentes políticos (ya sean del gobierno de la nación o de las CCAA) diseñaron una política de gasto durante el boom como si estos ingresos extraordinarios fueran a ser permanentes. Pensaban, evidentemente, que la burbuja inmobiliaria iba a durar para siempre…
Existe una carga excesiva sobre la renta de los trabajadores más productivos y sobre las transacciones patrimoniales. Ambos factores son clave para el crecimiento económico. La progresividad excesiva del IRPF hace más costosa la contratación de trabajadores cualificados que son cruciales para mejorar la competitividad de nuestra economía, y por lo tanto para la creación de empleo. Es importante entender esto: la planta de producción o el centro de dirección necesitan del ingeniero altamente cualificado o del ejecutivo para funcionar y sin ellos los veinte o incluso más trabajadores genéricos a su cargo se quedan en el paro. Atraer las inversiones extranjeras de alta productividad, necesita que España sea atractiva para los trabajadores altamente cualificados y la carga fiscal y contributiva actual lo impiden. Esta es la razón fundamental por la cual hace falta reformar el IRPF y reducir su progresividad o, mejor, transferirla a las rentas verdaderamente altas y de origen patrimonial. En segundo lugar: gravar todas las transacciones patrimoniales – ¡además haciéndolo en bruto, es decir, sin descontar los pasivos asociados a ellas! – hace muy costosa la reasignación de factores entre las empresas, frenando que las más eficientes puedan crecer absorbiendo a las menos eficientes. Nuestro sistema impositivo, de forma incomprensible, penaliza ambos canales del crecimiento, siendo por lo tanto necesario revolucionar el sistema fiscal cuantitativa- y cualitativamente.
Los argumentos desarrollados hasta ahora sugieren que se deben bajar drásticamente los impuestos sobre las rentas laborales, eliminar deducciones (al contrario de lo que hizo el Gobierno), eliminar los impuestos sobre transacciones patrimoniales y actos jurídicos documentados y subir sustancialmente los impuestos indirectos (incluido el IVA) además de introducir una tasa sobre el patrimonio al estilo de Francia.
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